El Ministerio de Minas y Energía (Minminas) propuso que los usuarios del servicio de energía eléctrica en Colombia asuman, a través de la tarifa, el pago de la billonaria deuda que mantiene la empresa Air-e con generadores y agentes del mercado eléctrico
El Ministerio de Minas y Energía (Minminas) propuso que los usuarios del servicio de energía eléctrica en Colombia asuman, a través de la tarifa, el pago de la billonaria deuda que mantiene la empresa Air-e con generadores y agentes del mercado eléctrico.
La iniciativa quedó consignada en un borrador de resolución que busca crear un cargo temporal dentro de la tarifa de energía, específicamente en el componente de restricciones, con el fin de recaudar recursos para cubrir pasivos que superan los 2 billones de pesos.
Según el documento, el cobro sería aplicado a usuarios de todo el país y tendría un valor aproximado de 8 pesos por kilovatio hora consumido.
De acuerdo con Minminas, la medida se plantea como una solución transitoria para evitar una crisis mayor en el sistema eléctrico, teniendo en cuenta que Air-e, empresa que presta el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, se encuentra bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos desde 2024 y enfrenta graves problemas financieros.
El Gobierno argumenta que el no pago de estas obligaciones podría afectar la estabilidad del mercado energético y poner en riesgo la continuidad del servicio, especialmente en la región Caribe.
Por ello, considera necesario un mecanismo inmediato mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) define una solución estructural.Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de usuarios y sectores sociales, que consideran injusto trasladar a los ciudadanos una deuda que no fue generada por ellos.
También recuerdan que el Gobierno se había comprometido previamente a asumir otros pasivos del sector, como la opción tarifaria, compromiso que aún no se ha materializado.
El borrador de resolución se encuentra en etapa de comentarios y deberá surtir varios trámites antes de una eventual implementación, en medio de un debate que apenas comienza y que podría tener impacto directo en el bolsillo de millones de colombianos.
