Un cambio inesperado sacude el proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. El Departamento de Justicia admitió que el denominado Cartel de los Soles no opera como una organización criminal formal, modificando así uno de los ejes más controvertidos de la acusación presentada desde 2020.
El juicio que se adelanta en un tribunal federal de Nueva York contra el presidente venezolano Nicolás Maduro dio un giro significativo.
La Fiscalía de Estados Unidos ajustó su estrategia procesal al reconocer que el llamado Cartel de los Soles no existe como una estructura criminal organizada o terrorista con mando único, como se sostuvo inicialmente durante la administración Trump.
El término, popularizado por la prensa venezolana desde la década de los 90 para describir presuntos vínculos entre altos mandos militares y el narcotráfico, deja de ser un pilar central de la acusación formal.
En su lugar, los fiscales redefinieron el concepto como un “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción” dentro del Estado venezolano, en la que recursos ilícitos habrían sido utilizados para asegurar lealtades políticas y militares.
Pese a este ajuste, el Departamento de Justicia mantiene los cargos por conspiración para el tráfico de drogas, señalando a Maduro como presunto líder de redes que habrían facilitado el envío de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense.
De ser hallado culpable, el mandatario podría enfrentar una condena de cadena perpetua.
Expertos en crimen organizado de América Latina, citados por medios internacionales como The New York Times, han señalado que no existen pruebas concluyentes de una organización jerárquica denominada Cartel de los Soles, lo que representa un revés para la narrativa sostenida durante años por Washington.
El cambio semántico, según analistas, busca fortalecer la acusación enfocándola en la corrupción estatal, aunque también abre interrogantes sobre la solidez de las pruebas y el discurso político que acompañó el caso desde su anuncio.
Mientras tanto, el proceso judicial continúa, y el ajuste en la acusación reaviva el debate internacional sobre el alcance real de las imputaciones y la estrategia legal de Estados Unidos contra el gobierno venezolano.
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