El Estado colombiano recuperó cerca de 20 millones de dólares tras el escándalo por el fallido mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, luego de que se hiciera efectiva la póliza de cumplimiento del contrato que terminó en incumplimiento.
Al menos 20 millones de dólares ya regresaron a las arcas públicas de Colombia como resultado de uno de los escándalos más sonados de la contratación militar en los últimos años: el frustrado mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.
La devolución fue realizada por Berkley International Seguros Colombia, aseguradora que respondió tras activarse la póliza de cumplimiento por el incumplimiento de la empresa estadounidense Vertol Systems, contratada para poner nuevamente en operación ocho aeronaves clave para la movilidad de tropas, misiones humanitarias y atención de emergencias en zonas apartadas del país.
La División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército confirmó que los recursos fueron consignados directamente al Tesoro Nacional, luego de que el Ministerio de Defensa declarara el incumplimiento parcial del contrato y adelantara los cobros correspondientes. El monto incluye tanto la sanción económica impuesta al contratista como la restitución de parte del anticipo entregado por el Estado.
El origen del escándalo se remonta al contrato 012 de 2024, firmado por cerca de 32 millones de dólares, del cual se giró un anticipo superior a 16 millones de dólares.
Pese a haber recibido el 50 % del valor del contrato, Vertol Systems solo ejecutó alrededor del 8 % de los trabajos, mientras los helicópteros permanecían en tierra y el plazo contractual vencía sin resultados concretos.
Tras las alertas emitidas por la Contraloría General de la República por un posible detrimento patrimonial, el Ministerio de Defensa ordenó la devolución de más de 13 millones de dólares del anticipo y aplicó una multa cercana a 9 millones de dólares, obligaciones que superan los 21 millones de dólares y que dieron paso a la activación de la póliza de garantía.
La decisión se convirtió en una de las sanciones más contundentes contra un contratista extranjero en el sector defensa.
Desde el Gobierno se aseguró que la medida busca no solo recuperar los recursos públicos, sino enviar un mensaje de control y rigor frente al manejo de los dineros destinados a la seguridad nacional.
En paralelo, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a un oficial del Ejército y a dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa por presuntas irregularidades en la firma y ejecución del contrato.
Los delitos investigados incluyen falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación. Aunque las capturas fueron legalizadas, los implicados enfrentan el proceso en libertad mientras avanzan las investigaciones.
La devolución del dinero representa un alivio fiscal y político para el Gobierno, pero no soluciona el problema estructural: la flota de helicópteros MI-17 sigue con limitaciones operativas, afectando operaciones militares, misiones humanitarias y el transporte aéreo en regiones donde estos aparatos son vitales.
Entre los mandos militares persiste la preocupación de que este caso se convierta en un símbolo de fallas en planeación, supervisión y contratación.
Ahora, la presión está puesta en diseñar un nuevo esquema de mantenimiento que garantice la recuperación de las aeronaves y evite que un episodio similar vuelva a dejar en tierra capacidades estratégicas para la defensa del país.
